Los Nadies: En mi nombre ...

Enviada por Jesús

Traemos aquí en esta ocasión un artículo periodístico perteneciente a una publicación que no estamos excesivamente acostumbrados a hojear; aunque resulta aconsejable hacerlo de vez en cuando, pues nos acerca otras perspectivas, a la postre muy influyentes, desde las que contemplar las escurridizas dimensiones de esa encrucijada en que se ha convertido para nosotros la expectativa de solución del llamado "conflicto vasco"; expresión ésta que, seguramente, estaría mejor matizada denominando al fenómeno "conflicto en el País Vasco", porque "lo vasco" como tal y en su conjunto, no provoca por sí sólo conflicto alguno para el orden constitucional español de hoy día, ni para sus potenciales desarrollos del mañana.

Como podemos comprobar, el artículo de referencia recoge la crónica del juicio en el que aparece como acusado un personaje bastante siniestro, al que apodan "Txapote", cuyo historial de political killer hace temblar al más pintado, y cuya sonrisa (no registrada por lo demás en dicho artículo) es candidata a quedar inmortalizada, de manera destacada, en la Historia Universal de la Infamia.

La información se hace eco de un modo muy extenso de las palabras de Ana Iríbar, viuda del concejal del PP en el Ayuntamiento de Donostia, Gregorio Ordóñez, asesinado cruelmente, al parecer por el tal "Txapote", en el año 1995. Su testimonio, manifestado con ocasión del evento judicial, constituye, sin duda alguna, el reflejo fiel de aquel inolvidable trance de dolor, que tan gratuita y fatalmente marcó su destino. Centra esta mujer sus declaraciones básicamente en una desgarradora reivindicación de justicia al Estado, más que lógica, habida cuenta lo irreparable de la pérdida sufrida.

Pues bien, a la vista de estos antecedentes, trataremos de abordar a continuación un asunto con tantas aristas como el de si se debe o no negociar con ETA y su entorno, y qué cosas deberían, y cuáles no, ser materia de esa posible negociación, y si con una negociación de este tipo se perjudica de algún modo el derecho y memoria de las víctimas.

Parece evidente, por la estrategia mediática emprendida desde hace algún tiempo por ciertos medios de comunicación y la propia dirección del Partido Popular, que uno de los principales argumentos que se oponen a la decisión del Gobierno del Partido Socialista de inmiscuirse en un "proceso de paz" que implica diálogo o negociación con el sector abertzale que está fuera de la ley, es el presunto menosprecio hacia la causa de las víctimas del terrorismo en que el Gobierno incurre con ello. Según este argumento la reparación de las víctimas en todos los sentidos (también en el estrictamente político) tendría que acaparar absolutamente todo el horizonte de la acción del gobierno en esta materia, hasta el punto de que, para considerar salvaguardados el derecho y la dignidad de las víctimas, no cabría hablar otra cosa con el entorno terrorista que los términos de su rendición incondicional.

Esta opinión roza tangencialmente con cierta tradición del pensamiento político, aunque en ella la idea no aparezca presentada de manera tan maniquea y absorbente. Uno de los precursores del pensamiento político moderno, Nicolás Maquiavelo, viene a afirmar, entre otras muchas cosas que sirven para matizar la cuestión en varios sentidos, que si la república honra a quienes, en cambio, debía haber castigado, produce una nueva injuria en los ofendidos, que reaccionarán antes contra la propia república que contra sus iniciales agresores.

Y esto tiene su lógica, sobre todo en democracia. La justicia tiene que amparar la reparación integral de las víctimas como un fin primordial, haciéndola coincidir con la defensa del mismísimo orden legal democrático; orden que fue puesto en tela de juicio por el solo hecho de cometerse el delito (y máxime de la gravedad de los que estamos considerando). Y si el Estado de Derecho llegara a desistir de alguna forma de este deber, no lo haría sin asumir al mismo tiempo o su impotencia, o su propia injusticia, ante las víctimas tanto como ante sus verdugos. Porque un Estado que estableció un orden que ahora revoca en alguna medida, o bien está reconociendo su incapacidad para hacerlo efectivo, o bien está concediendo sentido y justificación a la actuación de los agresores y al llanto de las víctimas.

Y no me estoy refiriendo a "sostenerla y no enmendarla" como razón de Estado, puesto que no estamos hablando de cualquier forma de gobierno, sino de la que supone un Estado social y democrático de Derecho, fundado en un orden constitucional con un sentido abierto de libertad y justicia políticas.

De ahí que el comportamiento del Fiscal General del Estado y las manifestaciones del propio Gobierno con ocasión de las diferentes convocatorias judiciales que han venido a afectar al entorno etarra durante la tregua de la organización terrorista, que incluían reiteradas apelaciones al sentido de oportunidad de los Jueces para que moderen sus decisiones atemperándolas a las "circunstancias políticas del momento", hayan podido interpretarse como una inaceptable claudicación ante los violentos y llevado el desaliento a muchas de las víctimas. En efecto, la reparación de éstas no debe estar directa o indirectamente implicada en negociación política alguna, y las medidas de perdón, si es que las hubiera, sólo deberían tener como destinatarios a quienes no se impute delitos contra la vida e integridad de las personas (muertes, lesiones…) o su libertad (chantajes, coacciones, amenazas, daños materiales…).

No olvidemos que para nosotros un Estado democrático se distingue de otro que no lo es, sobre todo porque lo suponemos justo en el más amplio sentido.

Pero, por lo mismo, la justicia que impregna el orden democrático no puede quebrar sino, en cambio, salir reforzada cuando los gobernantes acuden al diálogo como método de resolver cualquiera de los conflictos con que tropieza su andadura. Conflictos que si son solucionados de una manera pacífica e inclusiva (es decir, incorporando a la convivencia en paz elementos que antes se resistían a hallar cualquier fórmula de integración) abren una vía para que el sistema político cobre mayor estabilidad y fortaleza. Y este sólo hecho no interfiere de forma negativa en el derecho que asiste a las víctimas, ni éstas tienen motivo para sentirse otra vez agraviadas, sino, todo lo contrario, más bien aliviadas ante la perspectiva de que algún día dejen de contabilizarse nuevas víctimas por la misma causa.

Cosa distinta es que se estuviera reconociendo de alguna forma a los interlocutores abertzales capacidad para alcanzar objetivos políticos por medio de una negociación bilateral con el Gobierno, lo cual sería inaceptable en cualquier caso, o multilateral con el resto de los partidos políticos pero al margen de las instituciones democráticas establecidas (esto es, sin cumplir los requisitos que la Ley de Partidos detalla). En estos foros preparatorios y anteriores a la aceptación del Estado de Derecho por parte del entorno etarra, sólo cabría poner legítimamente encima de la mesa cuestiones relativas al procedimiento político que permita a quienes aún hoy no se han desvinculado de la violencia para lograr sus objetivos de carácter político, que normalicen de una vez su participación en unas instituciones que desde 1978 les están invitando a promover su programa político en paz.

Volvemos a lo de antes. Si no se hiciera así, el Gobierno estaría otorgando cartas de acreditación a la actuación de los terroristas, y en consecuencia despreciando de manera inaceptable el valor de unas instituciones que han servido de referencia pacífica para el despliegue de la vida política de los vascos desde que comenzó a andar la democracia en España.

Viene al caso, finalmente, una nueva referencia a Maquiavelo, que no creía que hubiera cosa de peor ejemplo en una república que hacer una ley y no observarla, sobre todo si el que no la observa es quien la ha hecho. Y en este caso tomaremos "ley" como sinónimo del orden constitucional entero; y, dentro del elenco de sus autores, tendremos que meternos, de una u otra forma, todos y cada uno de los ciudadanos pacíficos de este país, es decir, muchos más que su inmensa mayoría.