La ley más importante
La Ley de Dependencia, aprobada el jueves por el Congreso, es sin duda la más importante de la legislatura. Lo es por su alcance (afecta a un millón de personas e indirectamente a tres millones de familiares) y también por su significado: es el mayor avance en la extensión de derechos sociales desde la universalización de la sanidad pública. También es ejemplar por su incidencia en el mercado laboral: en los ocho años que durará su pleno despliegue creará 300.000 puestos de trabajo para personas que con sus cotizaciones contribuirán a la financiación pública del plan. Pese a todo ello, la norma ha tenido un eco limitado, sobre todo en comparación con el que suele acompañar entre nosotros a cualquier menudencia concerniente a asuntos de autoafirmación o rivalidad entre partidos (o entre líderes de un mismo partido), que interesan más bien poco a la generalidad de los vecinos.
La prolongación de la vida hace que en la biografía de la mayoría de las personas haya un periodo cada vez mayor (entre 8 y 10 años) en el que necesitan asistencia. Esa ayuda es proporcionada casi siempre por familiares, en su mayoría mujeres (más del 80%), que se ven por ello forzadas a abandonar (o no entrar en) el mercado laboral. Además, hay un número grande de personas con minusvalías permanentes. Los sistemas de asistencia social existentes -residencias, etcétera- son un complemento, insuficiente, de esa ayuda familiar. Ése es el problema. Una vez detectado, y partiendo de las experiencias de otros países, se ha planteado un marco legal que garantice el derecho de esas personas a recibir asistencia pública y unas previsiones de financiación. Y se ha buscado el más amplio consenso parlamentario para que, a diferencia de lo ocurrido con otras leyes de fuerte impacto social, su aplicación no se vea sometida a las vicisitudes de eventuales cambios de mayoría.
La ley ha sido objeto de negociación hasta el último momento, y ha contado finalmente con el apoyo de todo el Parlamento salvo los diputados de CiU, PNV y EA, que han alegado que la ley invadía competencias autonómicas. Sin embargo, otros partidos nacionalistas como ERC y el BNG sí han participado del acuerdo, lo que significa que o bien no comparten esa objeción o bien que no la consideran tan importante como para oponerse a una norma de tanto calado social. En todo caso, la ley garantiza un nivel mínimo de prestaciones pero no impide a las autonomías ampliarlas con cargo a sus propios presupuestos.
La viabilidad de la ley reposa en un sistema mixto de financiación por el que las administraciones central y autonómica sufragan, a partes iguales, la mayor parte del coste (el 70% si prospera la propuesta del Gobierno a las autonomías), aportando el usuario el resto en función de su renta y patrimonio. El PP propuso eliminar la referencia al patrimonio. Finalmente, se tomará en consideración, aunque queda pendiente determinar en qué casos el propio domicilio será un factor a considerar. En realidad quedan muchos aspectos a concretar, empezando por la fijación del mínimo de renta por debajo del cual el usuario no tendrá que pagar nada, y que se determinará en un consejo territorial (en el que participa el Gobierno y las autonomías) a celebrar antes de fin de año.
Editorial en El Pais
Etiquetas: Política
Anotación de Juan Antonio @ 18:08:00
1 comentarios
1 Comentarios:
Esta Ley me produce dos cosa muy distintas ¡SATISFACION Y MIEDO!
“Mi satisfacción”
Me parece un avance importantísimo, en el estado del bienestar, lo que me preocupa de esta ley, pude ser las dificultades para su aplicación (necesitara mucho control), quizás no tanto su financiación, aunque desconozco si funcionara por el sistema de caja única o cada comunidad aportara según sus gastos en la materia, no obstante, sea como fuere es una Ley muy importante y debemos congratularnos por la entrada en vigor de la misma
“Mi miedo”
Tengo entendido que la Ley, proporcionara varios tipos de ayudas, de las cuales unas serán directa para las personas dependientes, que deberán utilizar para pagar los gastos derivados de la asistencia que reciban, y otras irán para los familiares que se ocupen de atender a estas personas, es en este punto donde una vez mas me aparece la preocupación, ya que me ha llamado la atención un dato que he leído en la anotación.
El 80% de estas personas son mujeres, y es aquí en este punto donde se pude producir un mecanismo de retroceso en el pequeño avance que se esta produciendo en el reparto de tareas, si la necesidad económica empuja a la mujer a salir de la casa y compartir las tareas del hogar, con su pareja, esta entre otras, esta retribución puede contribuir seguir relegando a la mujer a un papel secundario, dentro de la pareja, relegándola de nuevo a tiempos pasados.
Publicar un comentario
<< Inicio